Hay algo que no siempre nombramos cuando hablamos de los derechos de las mujeres: la brecha entre lo que está escrito y lo que realmente se vive.

En teoría, los derechos son claros. Las mujeres tienen derecho a la salud, a la autonomía, a la identidad, y a la seguridad. Las niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidas, a ser escuchadas y a crecer en entornos que sostengan su bienestar. Pero en la práctica, especialmente para mujeres inmigrantes en los Estados Unidos, estos derechos no siempre son accesibles.

En este momento, seguimos luchando por esos derechos, por políticas más justas, por sistemas que respondan y por cambios estructurales que garanticen su cumplimiento. Pero mientras esa lucha continúa, también hay una verdad urgente: no podemos esperar a que todo cambie para actuar. Tenemos que preguntarnos cómo, desde ahora, ayudamos a que las mujeres puedan ejercer los derechos que ya existen.

Estos derechos no existen en el vacío. Están profundamente influenciados por condiciones reales: el miedo, la incertidumbre, las barreras estructurales y económicas, y sistemas que no siempre se sienten seguros. Y mientras esas condiciones no cambien, los derechos seguirán siendo, en muchos casos, algo que existe en un papel, pero no en la vida cotidiana. Lo vemos con claridad cuando hablamos del acceso a la salud.

El derecho a la salud implica acceso a atención integral, de calidad física, mental, sexual y reproductiva, sin discriminación. Podríamos decir que, en Nueva York, por ejemplo, los servicios existen, pero eso no necesariamente significa que las mujeres puedan acceder a ellos. Muchas veces, la barrera no es la ausencia de recursos, sino el miedo y la desconfianza. Miedo a compartir información personal, miedo a los alto costos de salud médica, miedo a que buscar ayuda tenga consecuencias en su estatus migratorio o en la estabilidad de sus familias. Estos miedos no surgen de la nada. Está marcados por cambios constantes en políticas, de la desinformación y de una historia de desconfianza hacia los sistemas.

Por eso, no es raro ver a mujeres que saben que algo no está bien con su salud, pero que retrasan buscar atención. No porque no quieran cuidarse, sino porque no se sienten seguras. Y cuando finalmente acceden a servicios, muchas veces es porque están conectados con organizaciones que construyen algo más importante que cualquier sistema: la confianza. La posibilidad de hablar en su idioma, de sentirse comprendidas, escuchadas y no ser juzgadas.

Ahí es donde entendemos que el acceso a la salud no depende solo de que existan servicios, sino de que las personas se sientan seguras para utilizarlos. En la práctica, esto implica algo muy concreto como ampliar el acceso a servicios gratuitos o de bajo costo, asegurar que la información sea clara y esté en el idioma de la comunidad, acompañar a las mujeres paso a paso en lugar de simplemente referirlas; llevar los servicios a espacios comunitarios donde ya existe confianza, e invertir en los programas que ya están haciendo este trabajo de manera efectiva. Sin confianza, el acceso simplemente no es real o significativo. Algo similar ocurre cuando hablamos de la autonomía.

Muchas veces pensamos en la autonomía como una decisión individual, como si bastara con saber que tienes derechos para poder ejercerlos. Pero la realidad es mucho más compleja. Para muchas mujeres, especialmente inmigrantes, las decisiones están profundamente condicionadas por el miedo, por la dependencia económica, por las expectativas culturales, por la incertidumbre legal y por el peso emocional que implica romper con estructuras familiares o relaciones significativas.

Una mujer puede saber que tiene derecho a salir de una situación de violencia y aun así no hacerlo. No porque no tenga fuerza o voluntad, sino porque el costo de esa decisión puede sentirse demasiado alto. Y aquí es donde tenemos que ser honestos y reconocer que la autonomía no es solo un derecho, es una condición que necesita construirse.

Y construirla también tiene implicaciones muy concretas. Significa crear espacios seguros y sin juicio donde las mujeres puedan reflexionar y tomar decisiones a su propio ritmo sin imposiciones. Significa ofrecer acompañamiento culturalmente sensible, fortalecer el acceso a información legal clara y a servicios de apoyo, invertir en la autonomía económica a través de empleo, capacitación y recursos financieros, e integrar apoyos como el cuidado infantil, que muchas veces determina si una mujer puede o no acceder a servicios. También implica reconocer que la autonomía es un proceso emocional, que toma tiempo, apoyo y estabilidad. No basta con decirle a una mujer que puede decidir. Tenemos que asegurarnos de que realmente pueda hacerlo.

Y todo esto no ocurre en aislamiento. Las condiciones que limitan la autonomía de las mujeres también impactan directamente a niñas y adolescentes. Cuando una madre no se siente segura accediendo a servicios, sus hijos e hijas tampoco lo estarán. Cuando hay recortes en recursos comunitarios, son las niñas y adolescentes quienes primero sienten ese impacto – en su acceso a la educación, en su salud mental, y en su capacidad de desarrollarse con estabilidad.

Aun bajo estas circunstancias, muchas de esas niñas y adolescentes siguen asistiendo a la escuela en silencio, cargando emociones que no siempre tienen espacio para expresar ni recursos para procesar. Y ese silencio no es casual, es el resultado de sistemas que no siempre son accesibles, ni cultural ni lingüísticamente.

Por eso, garantizar sus derechos también requiere acciones concretas. Significa asegurar espacios seguros dentro de las escuelas y comunidades, integrar, desde edades tempranas, educación sobre derechos, consentimiento y autocuidado, sostener e invertir en programas específicos para niñas y adolescente, y trabajar con las familias, entendiendo que el bienestar de las niñas está profundamente conectado con el bienestar de sus madres. Porque cuando fortalecemos a las mujeres, también estamos protegiendo a la próxima generación.

Conclusión

Todo este análisis nos lleva a una verdad incómoda pero necesaria: el problema no es que las mujeres no conozcan sus derechos, sino que muchas no pueden ejercerlos de manera segura. Y eso redefine nuestra responsabilidad.

Claro que seguimos luchando por cambios más amplios, por políticas más justas, por sistemas que realmente respondan, por condiciones estructurales que garanticen estos derechos para todas. Esa lucha es necesaria y no se detiene. Pero mientras esa transformación ocurre, no podemos quedarnos en la espera. No es suficiente exigir derechos. Tenemos que seguir construyendo, desde ahora, las condiciones que los hacen posibles.

Porque cuando esas condiciones existen, las mujeres sí toman decisiones, sí buscan apoyo, sí transforman sus vidas.

Es nuestra responsabilidad hacerlos posibles hoy. No podemos posponer la dignidad ni el acceso mientras esperamos cambios. Porque la lucha continúa pero la acción no espera.

Credito de Imagen: Young Lady with Flower, 1960. Amelia Peláez del Casal (Cuba, 1896-1968)